Inseguridad social y seguridad hídrica
- Juan David Saldarriaga González
- 26 jul 2017
- 3 Min. de lectura
Distribución inequitativa del recurso hídrico, concentraciones privadas sobre el uso y destinación del agua, falta de herramientas de gestión gubernamental y un marco normativo de control inadecuado son solo algunas de las principales causas que se le atribuyen a la injusticia hídrica que ha vivido Colombia.
Es evidente que en la mayoría de las regiones existe todavía una contradicción entre el desarrollo económico alcanzado y su traducción en un mayor bienestar social, un aspecto en el cual el recurso hídrico y su administración juegan un papel de enorme importancia. Resulta alarmante el hecho de que Colombia sea uno de los dos países en América Latina (el otro es Brasil) con la peor distribución de los recursos a su población, pues el 10% más rico concentra más del 40% de los ingresos del país, según fuentes de la CEPAL sobre Coeficiente de Gini para igualdad social (2008).
Cifras como esta, que denotan un grave problema de seguridad social, son las que motivan conflictos sobre la distribución del recurso hídrico por ejemplo. Para ser precisos, Colombia tiene una superficie de 114 millones de hectáreas, que para propósitos de la división político-administrativa se dividen en 32 departamento y 1112 municipios, (DANE, 2009), lo que da pie para entender que tal cantidad de hectáreas están concentradas en grandes aparatos de poder o en su defecto en multinacionales de prestigio internacional. (Arias y Ojeda 2000)
En consecuencia con lo anterior, Colombia sigue afrontando una preocupante situación con respecto a la seguridad hídrica para sus pobladores y los derechos constitucionales a los que ellos tienen acceso. El problema llega a tal magnitud de considerarse fuente de varios conflictos en el país, en especial aquellos que se derivan de la violencia estructural o la inasistencia estatal a las zonas más alejadas de la geografía nacional.
¿En qué radica básicamente la problemática?
Se sostiene la hipótesis presentada a lo largo de este relato, la seguridad hídrica que se pretende generar a través de políticas públicas no han tenido una adecuada administración, lo que a su vez genera que el bienestar social de la población sea ineficiente. Para ilustrar lo anterior, se plantea este caso.
La Orinoquía y la Amazonía cuentan con cuencas de alta disponibilidad de agua dulce y soportan una cantidad aún escasa de población; pero experimentan un bajo nivel de actividad económica que les impide estar a la par de la competitividad de otros departamentos del país. Por el contrario, la zona que coincide con la cuenca Magdalena-Cauca y contiene a su vez a las tres ciudades principales de Colombia (Bogotá, Cali y Medellín), genera más del 80% del PBI nacional y concentra más del 50% de la población total del país; pero contiene el 10% de la oferta hídrica nacional [Ver gráfico 1]. Así, “la zona de mayor actividad económica y crecimiento poblacional es la menos favorecida, naturalmente en términos de la oferta de agua” (Rojas 2009)
Este planteamiento, sobre el cual vale la pena profundizar en otros espacios, justifica como a pesar de que Colombia tenga recurso hídrico, no existe una gestión calificable a las exigencias que demanda el país y el acceso a los derechos de su población.
Parte del problema de la gestión del recurso hídrico también está en que las Corporaciones Ambientales Regionales, que son actualmente el corazón de la gestión del agua para todos los usos, operan en muchos casos de manera independiente y no son lo suficientemente integrales para resolver las complejidades que afrontan otras regiones. En este sentido, ¿La descentralización (en muchos casos radical) de la gestión sobre el agua era la solución más factible para resolver la injusticia hídrica del país?
No resolver planteamiento como el que se hacen en este relato podría generar consecuencias como la anteriormente señalada (de hecho es un problema cíclico), esto sin incluir aspectos transversales a la cotidianidad del país, como sería por ejemplo la eventual firma del acuerdo de paz y la inclusión de actores que anteriormente estaban excluidos de la esfera pública nacional.
Resolver los conflictos que se derivan de la administración del agua, no se lograría sin antes solventar la serie de inequidades sociales que tiene en su conjunto la sociedad colombiana.
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